Nos encontramos en plena depresión económica. El número de parados en Cataluña alcanza casi el medio millón, los procedimientos concursales colapsan los juzgados mercantiles y alguna entidad bancaria (por el momento Caja Castilla-La Mancha), ha sido intervenida por el Banco de España. La crisis financiera ha afectado a sectores tan importantes como el de la construcción y el de la automoción y, como no podía ser de otra manera, el consumo privado ha acabado bajando estrepitosamente y ha dejado el IPC interanual armonizado en el mes de marzo en un -0,1, según los datos de la inflación avanzada por el INE.
Los precios bajan y el Gobierno aprueba paquetes de medidas para paliar la crisis con dotaciones económicas para emprendedores, para formación, para autónomos. Pero la crisis no sólo afecta a los ciudadanos, los empresarios y, en definitiva, al sector privado, sino también a las Administraciones públicas, sobre todo en las locales, algunas de las cuales han constatado el descenso a la mitad de sus ingresos ordinarios procedentes del impuesto de construcciones, de instalaciones, de obras, de incremento de los valores de naturaleza urbana y la tasa de licencias de obras.
Pues bien, los consistorios están buscando alternativas para equilibrar su presupuesto y hacer frente a la crisis, como la renegociación a la baja de los contratos con los servicios de basuras, asesoramiento técnico o de otros, o la congelación de los sueldos de los cargos electos y las subvenciones a los grupos municipales. Además, los ciudadanos contribuimos a la sostenibilidad del gasto público mediante un sistema tributario para la prestación de servicios por parte de la Administración.
Ante la crisis, el ingenio se agudiza para todos y debemos ser conscientes de que debemos hacer frente a nuestras obligaciones para contribuir a una mejora de nuestro bienestar social. En definitiva… ¡se debe hacer un esfuerzo por parte de todos!NULL
